La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) estima que la puesta en marcha de un “Plan 360 de impulso a la posventa” permitirá aumentar en un 10% los ingresos anuales de los talleres, además de conseguir un redimensionamiento certero de un sector que se mueve entre los 40.000 y 45.000 talleres. Según Ganvam, es necesario que los centros de reparación cumplan con los criterios que marca la normativa aplicable, además de cerrar aquellos negocios ilegales que han proliferado en los últimos años.
Sólo en el último año la facturación de los talleres españoles se contrajo un 4%, mientras que las reparaciones cayeron en torno a un 6%. Además, el déficit de matriculaciones y el creciente envejecimiento del parque siguen lastrando la actividad de la posventa, aquejada también de la rebaja de la cobertura de las pólizas y el menor número de kilómetros que ahora se recorren. En concreto, los vehículos de menos de cinco años, que son los que más pasan por el taller, están perdiendo peso como “clientes” en detrimento de los de más de diez años, que representan ya más de la mitad del parque español.
Estos aspectos se ven agravados por la proliferación de talleres cladestinos; de hecho, alrededor de un 20% de las operaciones de reparación y mantenimiento se efectúan en negocios ilegales, que ya generan unas pérdidas de más de 1.000 millones de euros al año. De esta forma, Ganvam aboga por la creación de un registro oficial de talleres que permita conocer con exactitud el número de centros actuales de reparación, de forma que se pueda inventariar aquéllos que realmente cumplen con sus obligaciones legales y fiscales para actuar directamente sobre los que actúan con absoluta impunidad.
Y para que los talleres puedan cumplir con estas exigencias legales, la Asociación viene pidiendo a las Administraciones inspectoras que avisen a los centros de reparación antes de realizar las campañas de inspección y les faciliten, además, los protocolos con los puntos que se exigirán en esos exámenes, con el fin de que se pongan al día voluntariamente y puedan garantizar desde ya un servicio diez al usuario final. Así lo viene realizando Ganvam con Madrid, Navarra o Galicia, entre otras Comunidades Autónomas.
Con el fin de acabar con la lacra de los más de 10.000 centros pirata, Ganvam, junto con ANFAC, colabora activamente con la Guardia Civil, lo que culminará en breve en un acuerdo de cooperación entre las partes para poner fin a esta práctica ilegal que atenta contra la seguridad vial, el medio ambiente, el consumidor, la seguridad de los trabajadores, la calidad de esta actividad industrial y las haciendas públicas. Además, la patronal trabaja para su reposición en el Proyecto del nuevo Reglamento General de Circulación, manteniendo reuniones de alto nivel con la DGT y los distintos ministerios implicados.
Según el presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, “la reparación ilegal tiene un impacto negativo en el consumidor, que queda desprotegido al no disponer de facturas, presupuestos ni las garantías de reclamación. Además, supone un riesgo para la seguridad vial, ya que no es posible garantizar que los vehículos reciben una reparación segura, por no hablar del impacto medioambiental de un negocio incapaz de garantizar el cumplimiento de la normativa de gestión y reciclaje de los más de 38 tipos de residuos que genera la actividad del taller”.
Sólo en el último año la facturación de los talleres españoles se contrajo un 4%, mientras que las reparaciones cayeron en torno a un 6%. Además, el déficit de matriculaciones y el creciente envejecimiento del parque siguen lastrando la actividad de la posventa, aquejada también de la rebaja de la cobertura de las pólizas y el menor número de kilómetros que ahora se recorren. En concreto, los vehículos de menos de cinco años, que son los que más pasan por el taller, están perdiendo peso como “clientes” en detrimento de los de más de diez años, que representan ya más de la mitad del parque español.
Estos aspectos se ven agravados por la proliferación de talleres cladestinos; de hecho, alrededor de un 20% de las operaciones de reparación y mantenimiento se efectúan en negocios ilegales, que ya generan unas pérdidas de más de 1.000 millones de euros al año. De esta forma, Ganvam aboga por la creación de un registro oficial de talleres que permita conocer con exactitud el número de centros actuales de reparación, de forma que se pueda inventariar aquéllos que realmente cumplen con sus obligaciones legales y fiscales para actuar directamente sobre los que actúan con absoluta impunidad.
Y para que los talleres puedan cumplir con estas exigencias legales, la Asociación viene pidiendo a las Administraciones inspectoras que avisen a los centros de reparación antes de realizar las campañas de inspección y les faciliten, además, los protocolos con los puntos que se exigirán en esos exámenes, con el fin de que se pongan al día voluntariamente y puedan garantizar desde ya un servicio diez al usuario final. Así lo viene realizando Ganvam con Madrid, Navarra o Galicia, entre otras Comunidades Autónomas.
Con el fin de acabar con la lacra de los más de 10.000 centros pirata, Ganvam, junto con ANFAC, colabora activamente con la Guardia Civil, lo que culminará en breve en un acuerdo de cooperación entre las partes para poner fin a esta práctica ilegal que atenta contra la seguridad vial, el medio ambiente, el consumidor, la seguridad de los trabajadores, la calidad de esta actividad industrial y las haciendas públicas. Además, la patronal trabaja para su reposición en el Proyecto del nuevo Reglamento General de Circulación, manteniendo reuniones de alto nivel con la DGT y los distintos ministerios implicados.
Según el presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, “la reparación ilegal tiene un impacto negativo en el consumidor, que queda desprotegido al no disponer de facturas, presupuestos ni las garantías de reclamación. Además, supone un riesgo para la seguridad vial, ya que no es posible garantizar que los vehículos reciben una reparación segura, por no hablar del impacto medioambiental de un negocio incapaz de garantizar el cumplimiento de la normativa de gestión y reciclaje de los más de 38 tipos de residuos que genera la actividad del taller”.
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